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La nueva Ley de Morosidad que ha entrado hoy en vigor fija unos plazos máximos de 60 días para los pagos de empresas a sus proveedores y de 30 días en el caso de las administraciones públicas, con un periodo de adaptación en ambos casos que se extenderá hasta el 2013. Las Pymes se beneficiarán de esta reducción en los plazos pero simultáneamente se verán perjudicadas por el endurecimiento de los criterios de financiación en las entidades de crédito por el registro de los préstamos dudosos.
La norma, publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), obliga al Gobierno a articular a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) una línea de crédito directo dirigida a ayuntamientos con el fin de que puedan pagar sus deudas con empresas y autónomos. Asimismo, elimina la posibilidad de que las empresas negocien plazos superiores de pago a los fijados por la ley. El periodo transitorio para que las administraciones públicas reduzcan su límite de plazo se extiende hasta el 2013, con una escala de 50 días para este año, 50 para 2011, 45 para 2012 y 30 días desde el 1 de enero de 2013.
En el caso de las empresas privadas, exceptuando el sector de la alimentación y los productos perecederos, obligados a pagar en 30 días en todos los casos, el período transitorio también se extiende hasta el 2013, de forma que desde hoy y a lo largo de 2011 el plazo será de 85 días, de 75 en el 2012 y de 60 días ya a partir del siguiente año.
Las constructoras de obra pública contarán con plazos distintos para rebajar el plazo máximo de pago de facturas a sus subcontratistas y proveedores, que actualmente es superior a los cien días. En concreto, las empresas del sector podrán pagar a 120 días desde hoy hasta el 31 de diciembre de 2011. En 2012 el plazo se rebajará a 90 días y se reducirá a los 60 reglamentarios en 2013.
Equiparar los plazos con Europa
Por otro lado, la nueva Ley de Morosidad establece que las empresas informen en su memoria de cuentas anuales sobre los plazos en los que abonan las facturas a sus proveedores. La nueva norma persigue equipar los plazos de pago en España con los del resto de Europa para aumentar la competitividad de las empresas españolas, ya que en la actualidad la Administración tiene pendiente de pago con las empresas un total de 38.000 millones de euros, mientras que la deuda de las empresas con sus proveedores se sitúa en los 60.000 millones de euros.

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